El Senado aprobó con 22 votos a favor la medida que busca aumentar el sueldo de los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia y quienes no recibían un alza salarial desde hace 20 años.
“La ley que permite enmendar el salario de los jueces fue enmendada por última vez en el 2003 hace 20 años. Si bien podemos decir si es justo o no aumentarles el salario, cada cual puede pensar distinto aquí, pero hace 20 años el ajuste para los salarios en la rama judicial en el caso de los jueces no había sido legislado. En el caso de los empleados, aunque los aumentos habían sido pequeños sí habían recibido aumento en esos 20 años en varias ocasiones”, destacó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien es autor del Proyecto del Senado 1292.
Durante su turno, Dalmau Santiago expresó que la Rama Judicial logró que la Junta de Supervisión Fiscal autorizara ajustes salariales al 99 por ciento de los 4,100 empleados que tiene la dicha rama. Explicó que, en el caso de la Rama Judicial, como en el caso de la Rama Ejecutiva, “se han trabajado aquí planes de reclasificación porque algunos necesitan autorización por ley. En el caso de la Rama Judicial, no, pero sí necesitaba una certificación de la Junta de Supervisión Fiscal para poder utilizar el dinero que la Junta le presupuestó a esos fines. Al ya tener nosotros la información de lo que la Junta dispone, tanto para el Plan de Retribución como lo que la Junta está autorizando a que se les otorgue a los jueces de tribunales de Instancia, Apelaciones y Asociados del Tribunal Supremo, es que presentamos el proyecto del Senado 1292”, sostuvo el líder senatorial.
Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot se expresó a favor de la medida y manifestó que “reconozco la razón por la cual los jueces merecen ser considerados para un aumento, porque lo he dicho, lo he reconocido, no me escondo para decirlo, pero eso no nos debe de desviar o enajenar de que el resto de ese sistema, donde están trabajadores y trabajadoras, personas que arriesgan su vida”.
Además, se aprobó una enmienda del portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, donde establece “que los alguaciles del sistema judicial son, para todos los fines, funcionarios del orden público y de alto riesgo”. Igualmente, el senador indicó que la delegación novoprogresista estaría votando a favor de la medida.
El aumento al sueldo anual de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo será de $125,000 a $154,556; de los Jueces Asociados del Tribunal Supremo será de $120,000 a $144,480; de los Jueces del Tribunal de Apelaciones será de $105,000 a $130,579; de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $89,600 a $118,133; y de los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $91,764.
Además, se dio paso al Proyecto del Senado 1118 del senador Javier Aponte Dalmau para enmendar la “Ley para Ordenar la Transmisión de las Reuniones de las Juntas de Directores en los Portales de Internet, Crear un Archivo de Grabaciones y Establecer la Política Pública”. El propósito de la medida es añadir penalidades adicionales por el incumplimiento a los términos de la Ley tipificando como delito menos grave la obstrucción de cualquier integrante que interrumpa la transmisión de la vista por internet y se siga con la misma.
El senador del Partido Popular Democrático y coautor de la medida, Ramón Ruíz Nieves, expresó que el proyecto “pretende llevar como delito menos grave cualquier obstrucción de los integrantes de una junta para que la vista no sea transmitida. La enmienda es concerniente es a cualquier asunto que se vaya a discutir si alguien decide que se corte la transmisión trae la responsabilidad de un delito menos grave. Si alguien tumbara el mecanismo de internet y la vista siga corriendo habrá consecuencias y penalidades”.
“Esta Asamblea Legislativa insiste en la importancia de la transparencia en la gestión pública para permitir que sea el ciudadano el juzgador directo de la ejecutoria de su gobierno. Por ello, mediante la presente ley se imponen mayores penalidades a los individuos que participan en reuniones de Juntas de Directores de corporaciones públicas con conocimiento de que las mismas no están en cumplimiento con los términos de la Ley 159-2013”, expone la medida.
Además, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 417 de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, para ordenar al Secretario del Departamento de Educación seleccionar el Comité Consultivo de profesionales debidamente cualificados para diseñar, implantar y monitorear la prestación de servicios de Evaluación Vocacional y Carrera. Esto de conformidad con lo dictaminado en el Artículo 10 de la Ley 263–2006; y establecer métricas para monitorear el cumplimiento de la agencia al ofrecer el servicio de Evaluación Vocacional Preliminar, según requerido por el Artículo 7 de la Ley 263–2006.
Igualmente, fue avalada la Resolución del Senado 198 de la senadora del Partido Nuevo Progresista, Kerem Riquelme Cabrera. Investigación a las aseguradoras y planes de salud sobre las contrataciones de las aseguradoras con médicos(as) nuevos; determinar si están en cumplimiento con Ley 104-2002 según enmendada conocida como la ley de pronto pago; determinar si se establecen tarifas justas con los médicos(as) cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado.
Durante un turno sobre la medida, Cabrera expresó que “tenemos unas cifras poco alentadoras y es que en los últimos tres años hemos tenido alrededor de 14 mil médicos especialistas [que se han ido de Puerto Rico], [por ello esta resolución] lo que busca es evitar la fuga de médicos… queremos retener los médicos especialistas que están y traer más”.