DSP se opone a proyecto de ley que persigue delegar a municipios servicios que actualmente ofrece la Policía de Puerto Rico
Por su parte, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico endosó la medida legislativa
(San Juan, Puerto Rico-1 de junio de 2023) La Comisión de Seguridad Pública dio paso, hoy, jueves, a la atención de una pieza legislativa que busca autorizar al Gobierno a transferir a los municipios la responsabilidad de proveer servicios de seguridad, protección e investigación dispuesto por la ley que crea el Departamento de Seguridad Pública.
El Proyecto de la Cámara 1715, radicado por el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, el presidente de la Comisión, Luis R. Ortiz Lugo y los representantes Juan J. Santiago Nieves y Estrella Martínez Soto, también persigue poner en función la figura del policía auxiliar en los ayuntamientos para que colabore con el Negociado de la Policía.
“La verdad es que no tenemos policías estatales suficientes para atender la cantidad de necesidades de seguridad que está requiriendo nuestra gente. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que la ciudadanía llama a los cuarteles en los precintos y el recurso humano policial no da. Entonces, tenemos que movernos a atender esa necesidad y los policías auxiliares a nivel municipal pueden ser de gran ayuda. Además, de que el sueldo de todos los policías de Puerto Rico vienen del mismo bolsillo. Si el problema es la falta de adiestramiento, pues nos tenemos que mover a mejorar el cuerpo policiaco de los municipios”, explicó Ortiz Lugo, sobre los objetivos de la medida.
Por su parte, la asesora legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Estrella Mar Vega Soto, presentó una ponencia en oposición al Proyecto de la Cámara 1715. La representante del DSP señaló que la medida bajo discusión “incide en la organización estructurada del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), por cuanto sus continuos esfuerzos se fragmentarían, entre el hecho que los Municipios que pacten retengan el ámbito operacional, mientras que le Negociado se haga cargo solamente de la faceta criminal”.
Según dicta la medida, una de sus propuestas principales es enmendar la Ley Núm 107, del Código Municipal, para autorizar a los ayuntamientos a suscribir convenios, acuerdos o contratos con el gobierno estatal para que los gobiernos municipales que voluntariamente acepten asumir los servicios de seguridad, protección e investigación delegados al NPPR mediante el Capítulo 2 de la Ley 20 (Departamento de Seguridad Pública), puedan unificar la fuerza policiaca estatal a los municipios, mediante la transferencia del capital humano, la propiedad y los recursos fiscales proporcionalmente necesarios para el cabal cumplimiento de este pacto.
Vega Soto indicó que la enmienda que sugiere la medida sobre la creación de convenios ya es atendida por la actual Reforma policial. “Relacionado a la enmienda que tiene como fin autorizar a que los Municipios pacten que policías estatales pasen a formar parte de estos, con exclusión de la faceta investigativa, debemos indicar que el Negociado de la Policía cuenta con un andamiaje operacional para prevenir y combatir la criminalidad. Y, ese componente labora de manera coordinada”, señaló.
La funcionaria argumentó que sería contraproducente para el ámbito de la seguridad del País, dividir la faceta operacional y de investigación criminal como pretende esta medida. “Al cobijar en sus disposiciones que los Municipios que así interesen, pacten con el NPPR/DSP, que el capital humano que labora en la faceta operacional, pueda ser traspasado a los mismos, mientras que los policías que se desempeñen en el ámbito criminal, sigan adscritos a nivel central al NPPR, para que continúen haciendo trabajo de investigación criminal”, destacó la ponencia escrita.
Al mismo tiempo, destacó que las disposiciones de la legislación trastocan la facultad del Comisionado del NPPR de poder ubicar a los policías por necesidad de servicio en la Superintendencia. “El Negociado se enfrenta a desafíos constantes, razón por la cual, los planes estratégicos que se desarrollan deben ser enmendados a diario, con el fin de atacar la incidencia criminal de determinados sectores, por horas y temporadas. Esto incluye el requerimientos y consecuente distribución de los recursos humanos policíacos, para poder mantener el orden social y cumplir con la misión del NPPR”, recalcó.
La especialista en política pública indicó que las funciones de un policía estatal, el policía municipal y el policía auxiliar son distintas. “Todos los funcionarios que evalúan esta medida reciben adiestramientos diferentes para distintas especialidades”, recalcó.
Asimismo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), señalaron la necesidad de realizar un estudio de viabilidad fiscal para la propuesta legislativa.
Por su parte, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, presidida por el alcalde Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, endosó la medida “por entender que la medida redundaría en grandes beneficios en cuanto a la política pública municipal sin comprometer los presupuestos municipales”.