El Senado de Puerto Rico aprueba medidas para evitar "atornillamiento" en puestos publicos

El jueves, el Senado de Puerto Rico aprobó el Sustitutivo al Proyecto del Senado 628 y al Proyecto de la Cámara 1013, con el objetivo de evitar el "atornillamiento" de personas en puestos de carrera dentro del gobierno. La medida busca prohibir la contratación de empleados o exempleados de confianza que no cumplan con los criterios de preparación académica y experiencia establecidos para los puestos de carrera correspondientes.

La legislación enmendará la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y establecerá que estas condiciones no se aplicarán a los empleados o exempleados de confianza que tengan derecho a reinstalación en los puestos de carrera que ocupaban antes de ser nombrados como empleados de confianza.

Además, se otorgará un plazo de 60 días a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para adoptar o ajustar las regulaciones correspondientes.

La medida pretende reducir la práctica del "atornillamiento" de empleados públicos y garantizar un cuerpo de empleados preparado, eficiente y libre de influencias político-partidistas. Durante la discusión sobre el proyecto, el senador Ramón Ruiz Nieves señaló que la medida busca brindar justicia y asegurar que aquellos empleados que ingresen al gobierno en puestos de confianza tengan la oportunidad de competir de manera justa, sin evadir el debido proceso que se aplica a los demás empleados del gobierno al ser reclutados.

Además de la medida contra el "atornillamiento", el Senado también aprobó el Proyecto del Senado 786 de la senadora Migdalia González Arroyo, que busca incluir la capacitación en el manejo de situaciones de violencia de género en el empleo dentro de la Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público. Asimismo, se avaló el Proyecto del Senado 507 del senador Javier Aponte Dalmau, que propone enmendar la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales para regular el uso de vehículos oficiales fuera de las horas laborales mediante dispensas.