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  • Writer's pictureEl Vigia

JGo presenta legislación bipartita para mejorar el acceso a la justicia de los más necesitados

Jenniffer González Colón, comprometida con mejorar el acceso a la justicia para los más necesitados, presentó una medida bipartita para asignar más recursos, mejorar la paga de los abogados de asistencia legal y reducir la sobrecarga de casos.



La congresista explicó que la falta de una paga adecuada y la sobrecarga de casos no propicia el reclutamiento de abogados de asistencia legal ni permite la celeridad y dedicación que amerita cada caso judicial. Esta situación no es exclusiva de Puerto Rico, esto se ve y hasta se agrava en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, propiciando una crisis nacional de defensa pública.


Para buscar soluciones a esta situación, González Colón se unió a los congresistas Suzanne Bonamici (D-OR), Kelly Armstrong (R-ND), y Jasmine Crockett (D-TX) para presentar la medida bipartita Ensuring Quality Access to Legal (EQUAL) Defense Act, H.R. 3758, que busca aumentar el acceso a abogados de calidad mediante la concesión de subvenciones para la asistencia legal, establecer límites en la carga de trabajo, introducir gradualmente la paridad salarial entre los defensores públicos y los fiscales en un plazo de cinco años, entre otras disposiciones.


Con un derecho constitucional de acceso a un abogado en casos penales, la escasez de defensores públicos significa que los acusados pueden languidecer bajo la custodia del Estado, negándoseles su derecho a un juicio rápido o, que los casos no pueden ser procesados a tiempo, negando justicia a las víctimas del delito.


“Nuestro sistema de justicia penal es fundamental para preservar el orden y garantizar que se cumplan con las leyes. Para que el sistema sea efectivo, también debemos asignar los recursos necesarios a la defensa pública para enfrentar los desafíos actuales, incluyendo la escasez de defensores públicos y la falta de asistencia legal oportuna para quienes puedan necesitarla. Esta medida busca facilitar que los defensores públicos hagan su trabajo sin estar sobrecargados y que los gobiernos cumplan con su obligación constitucional de brindar asesoría y representación legal efectiva en casos penales”, expresó González Colón.


“La escasez actual de defensores públicos es una amenaza para nuestro sistema de justicia penal y los derechos de los acusados”, dijo la congresista Suzanne Bonamici. “Hace años la Corte Suprema sostuvo que las personas acusadas de un delito tienen garantizado el acceso efectivo a un abogado, por lo que invertir en sistemas de defensa pública es fundamental para la igualdad de justicia ante la ley. Los defensores públicos en Oregón y en todo el país están trabajando incansablemente para servir a las personas que representan, pero a menudo están sobrecargados de trabajo, mal pagados y sin personal suficiente. Estoy agradecida de trabajar con mis colegas para presentar la Ley bipartita de Defensa EQUAL para contratar más defensores públicos, mejorar la seguridad pública y hacer que nuestro sistema de justicia sea más equitativo”.


El H.R. 3758 cuenta con el respaldo del National Legal Aid & Defender Association (NLADA), American Bar Association (ABA), National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), Gideon’s Promise, National Association for Public Defense (NAPD), Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, Color of Change, y Project On Government Oversight.


El H.R. 3758 dispone lo siguiente:

• Crear un programa de subvenciones de $250 millones para ayudar a financiar la defensa pública y limitar la carga de trabajo de los defensores públicos de tiempo completo;

• Establecer la paridad salarial entre defensores públicos y fiscales en un plazo de cinco años;

• Recopilar datos sobre la carga de trabajo de los defensores públicos, incluida la cantidad de horas trabajadas por mes y el porcentaje de horas trabajadas por mes en una variedad de tareas;

• Proporcionar $5 millones para organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para la capacitación integral de los defensores públicos;

• Exigir a los destinatarios de Byrne-JAG que proporcionen datos sobre la medida en que el estado proporciona defensores públicos para las personas indigentes en el sistema de justicia penal; y

• Reautorizar el programa de préstamos estudiantiles John R. Justice, aumentar el monto de autorización general del programa de $25 millones a $75 millones y aumentar los límites de pago por prestatario.




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