Ante la falta de información y la dilación de la implementación del Programa de Retiro Incentivado para empleados del gobierno y de los municipios, el presidente de la Comisión de Gobierno, Ramoncito Ruiz Nieves, convocó una vista pública hoy miércoles a las 10:30 am en el Salón Luis Negrón López. En ella se pretende conocer el estatus actual de la puesta en marcha de la Ley 80-2020, mejor conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para los Servidores Públicos.
Están convocados a deponer el personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (PGP), de la Administración de los Sistemas de Retiro y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
Según expresó el presidente Ruiz Nieves previo a la vista pública, “es altamente preocupante y lesivo que a más de dos años de aprobado el estatuto todavía las agencias carezcan de fechas certeras sobre cuándo los empleados se acogerán a este beneficio”. El también senador del Distrito de Ponce, sostuvo que la Comisión de Gobierno realizó una labor que describió como «magistral» en aras de contribuir con información precisa que sirviera a las agencias para la implementación rápida de la mencionada Ley. Sin embargo, lamentó que hasta el momento las respuestas y acciones sean nulas.
“Respuestas, acciones concretas es lo que espero recibir por parte de los convocados a deponer hoy ante la comisión. Convoqué esta vista pública ante la necesidad que tienen los componentes de la comisión así como los empleados del gobierno central y municipal de conocer cuándo entrará en rigor la Ley y con ello el proceso para acogerse al retiro incentivado. Es urgente que se establezca la primera fase del programa para que la misma contribuya a generar economías a las agencias mientras garantiza a los servidores públicos un retiro justo”, denunció Ruiz Nieves.
La Ley establece inicialmente que para la ejecución del estatuto se implemente la primera fase del programa de retiro para los empleados no esenciales identificados, que por disposición de la propia ley sus puestos se eliminan al quedar vacantes. “La propia Junta de Supervisión Fiscal aceptó en una comunicación que el programa generaría ahorros en agencias y municipios por lo cual la implementación de forma parcial del mismo es factible. Sin embargo, a pesar de lo descrito todavía estamos en espera de la implementación por parte de las agencias correspondientes”, aludió Ruiz Nieves.
El senador insistió en su postura de defender el que los empleados gubernamentales y de los gobiernos municipales gocen de un retiro justo y recordó a las directivos de las diferentes agencias que deben realizar la implementación del programa sin menoscabar los derechos de los empleados esenciales a acogerse a este retiro. También, recordó que son los altos funcionarios de las agencias del gobierno los responsables en realizar el análisis correspondiente para determinar el impacto presupuestario de los retiros a base de una reingeniería de puestos en las diferentes entidades.
“Dos años es tiempo suficiente para que las agencias implementaran el Programa de Retiro Incentivado. Espero que el resultado de la vista pública ponga en perspectiva a los componentes de la comisión y más aún a los servidores públicos el estatus del proceso”, anticipó Ruiz.