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  • Writer's pictureEl Vigia

Contra el reloj la CEE para cumplir con expectativas fiscales de cara a futuros eventos electorales

La presidenta alterna del organismo compareció a vista pública ante la Comisión de

Asuntos Electorales



(San Juan, Puerto Rico-9 de marzo de 2023) La presidenta alterna de la Comisión

Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera compareció hoy, jueves, bajo pena

de desacato, ante una vista pública que investiga la supuesta falta de fondos en el

organismo para celebrar futuros eventos electorales.


La funcionaria contestó cuestionamientos sobre diversos asuntos operacionales,

gerenciales y administrativos de la CEE.


“De cara a la atención de asuntos electorales, esta Comisión adviene en conocimiento

de unas expresiones que realizó el actual presidente de la CEE, Francisco Rosado

Colomer, que detalló la insuficiencia de fondos para la celebración de futuros eventos

electorales como las próximas primarias señaladas para junio de 2024 y las

presidenciales. La única intención de esta vista pública es conocer cómo la Asamblea

Legislativa puede ayudar a la agencia a lograr cumplir con sus necesidades

presupuestarias para proteger el ejercicio democrático”, señaló en un turno inicial el

representante José “Conny” Varela, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

Padilla Rivera detalló que la CEE se encuentra bajo un déficit presupuestario

“preocupante y que necesita atención inmediata”. Señaló que en  la agencia

actualmente manejan un presupuesto de $32 millones. 


Sin embargo, la solicitud presupuestaria inicial de la Comisión a la Oficina de Gerencia

y Presupuesto (OGP) y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue ascendente a 110

millones, que por ejemplo, contemplaba $21 millones para las próximas primarias

estatales y las presidenciales (demócratas y republicanas).


“Con el presupuesto actual, si decidimos atender la celebración de estos dos eventos

de primaria, únicamente tendríamos 4 millones. Estaríamos hablando de manejar un

déficit de 17 millones. Esa es una de las necesidades que planteamos en nuestra

solicitud de fondos”, destacó la funcionaria.


Durante la vista pública, Padilla Rivera recibió el asesoramiento del director de

Recursos Humanos de la CEE, Erick Burgos y la jefa de finanzas y supervisora de

presupuesto de la CEE, Yarelis Meléndez.


A partir de los datos sobre el presupuesto, la presidenta alterna también compartió con

los legisladores información relacionada a la capacidad de recursos humanos de la

CEE. 


“La agencia cuenta con 507 empleados activos, siendo la partida de nómina la más

grande en el presupuesto vigente”, soltó.


A cuestionamientos de Varela, Padilla Rivera informó que la CEE cuenta con una

deuda pendiente con la compañía Dominion, responsables de proveer las máquinas de

escrutinio electrónico a la isla desde el 2015. 


“Actualmente, de este año, contamos con un monto pendiente a pagar de $578,208.

Esa cantidad, forma parte de un total adeudado de $4,467,332, que incluye asuntos de

mantenimiento y programación de algunas máquinas”, destacó.


Por otro lado, la funcionaria citada aseguró que la CEE, con personal interno, también

realiza mantenimiento a las máquinas que estarían pasando a ser propiedad de la

agencia según los acuerdos con la compañía contratada. “Tenemos personal que se

encargan de cada cierto tiempo prender y limpiar las máquinas. Durante el mes de abril

comenzaremos un mantenimiento profundo de las máquinas”, sostuvo.


Más adelante, a preguntas del portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC),

José Bernardo Márquez Reyes, la presidenta alterna detalló el estado actual de los

esfuerzos sobre el establecimiento del Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector

(CESI), que fue creado en virtud del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, con el

propósito de sustituir las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).


“Se han cerrado 42 JIP. Los empleados de esas Juntas actualmente se encuentran

apoyando el proceso de digitalización de las tarjetas de identificación electoral”,

detalló. 


Al mismo tiempo, Padilla Rivera señaló que el CESI aún no está en funcionamiento.

A su respuesta, Márquez Reyes preguntó sobre el estatus del registro electrónico “que

la CEE, por ley, debe habilitar para los electores”.


“El registro electrónico se encuentra en etapa de prueba. Ayer se terminó ese proceso

y nos encontramos analizando los resultados de esas pruebas y lograr presentar los

mismos a la Comisión para dar por cumplida esta primera fase de pruebas”.


Indicó también que la proyección para culminar el proyecto del registro electrónico y

comenzar la implementación de un plan piloto en las JIP es entre los meses de junio a

agosto de 2023.


Padilla Rivera señaló que el paso próximo a culminar el desarrollo del registro

electrónico sería integrar sus servicios al CESI. Sin embargo, al mismo tiempo, indicó

que el Código Electoral del 2020 no establece reglamentos para ese nuevo Centro. “Es

la CEE la que tiene que diseñar esta reglamentación”, comentó, alertando sobre un

posible retraso adicional.


El CESI supone funcionar bajo un modelo de “Call-Center”, que provea las máximas

posibles opciones de interacción entre los electores y los representantes de servicios

del centro con distintos métodos y sistemas de comunicación como llamadas

telefónicas, correos electrónicos, “chats”, mensajes celulares, entre otros que la

Comisión considere necesarios.


El desarrollo del CESI se encuentra un año atrasado. Según la propia ley del Código

Electoral del 2020, el Centro debió estar en funcionamiento no más tarde del 1 de julio

de 2022.


Relacionado a las próximas elecciones y el fortalecimiento del sistema electoral del

país, Padilla Rivera señaló que ayer fue presentado un nuevo reglamento de la Junta

Administrativa de voto ausente y voto adelantado (también conocida como “JAVAA”),

que deberá ser evaluado por las 5 delegaciones electorales y un miembro del CEE

representando el interés público, en las próximas dos semanas. 


El encuentro legislativo se enmarca en la Resolución de la Cámara 734, que ordena

una investigación abarcadora sobre la puesta en vigor de la Ley 58-2020, conocida

como el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”.

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