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  • Writer's pictureEl Vigia

Comisión cameral atiende medida que busca extender los beneficios a los Policías Municipales

La Comisión de Asuntos Laborales realizó ayer, jueves una vista pública que busca enmendar la Ley 27-1958, conocida como Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber, que persigue extender los beneficios a los Policías Municipales que, estando franco de servicio, realicen una intervención y sean atacados, resultando el ataque en una incapacidad o muerte.

A la audiencia pública compareció el asesor legislativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Roberto Rivera, quien abundó que en el caso de la prerrogativa de la entidad gubernamental “hay que ver el impacto que podría tener la implementación de esta medida en cuanto a presupuesto”.

“La aprobación de este proyecto de ley implicaría un impacto fiscal determinado, toda vez que de su contenido no se disponen datos que nos permitan estimar el mismo, en cuanto a la

inclusión de este grupo de servidores públicos”, resaltó Rivera, quien recomendó a la Comisión realizar un estudio sobre la viabilidad de esta propuesta.

A su vez, indicó que el Administrador del Sistema de Retiro, en colaboración con la Junta de

Retiro del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, tendrían que realizar un

estudio actuarial el cual incluya, sin limitarse a la cantidad de empleados que podrían cualificar para ser beneficiarios y la escala salarial de cada uno de ellos.

Según un estudio realizado por la OGP en el mes de febrero del 2021, había una totalidad de

policías municipales de aproximadamente 3,838 activos en servicio.

“Reconocemos la importancia de la labor que llevan a cabo nuestros policías en el

cumplimiento del deber, sin embargo, es importante realizar un análisis para conocer el impacto que habría con el proyecto en discusión”, planteó el funcionario.


Al finalizar, la licenciada Omara Arias, en representación del Departamento de Seguridad

Pública (DSP) mencionó que avala la medida. “La recomendación del DSP es ue se tome en

consideración la posición de la OGP por el impacto que ello conlleva. Asimismo, con la

Federación y la Asociación de Alcaldes”.

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