Ayuda Legal PR ante la crisis de vivienda: “El interés del Estado debeser asegurar techo digno"

La organización sin fines de lucro requirió la aprobación del Proyecto de la Cámara 22,

que da paso a una Ley de Vivienda Justa Local

(San Juan, Puerto Rico-24 de octubre de 2022) La Comisión de Vivienda y Desarrollo

Urbano, presidida por el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero, celebró hoy,

lunes, una vista pública para conocer el estado y alcance del Programa de

Recuperación, Reconstrucción y Reubicación (R3), bajo el Programa de Subvención en

Bloque para Desarrollo Comunitario Recuperación ante Desastres (CDBG-DR),

manejado por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

“Luego del paso de los huracanes y terremotos sabemos mucho mejor que urge acción

gubernamental para atender la crisis y falta de vivienda en Puerto Rico. Existen

problemas de inventarios y acceso rápido a fondos federales que están afectando a

miles de familias puertorriqueñas. Sobre los fondos R3 y CDBG-DR, no sabemos si

esos problemas de inventario y acceso se subestimaron o no se tomaron en cuenta.

Para eso estamos celebrando esta vista pública”, señaló Fourquet Cordero.

Durante el encuentro, los legisladores recibieron la comparecencia de un panel

ciudadano integrado por dos familias de los municipios de Ponce y Naguabo, que han

enfrentado múltiples retos para concluir el proceso de recuperación y reubicación,

respectivamente, tras ser afectados por el paso del huracán María.

Carmen Cuevas, residente de Ponce, lleva 2 años y dos meses fuera de su casa. El

Departamento de la Vivienda y las empresas subcontratadas continúan trabajando en

la reconstrucción de su hogar. Sin embargo, Cuevas aseguró que los trabajos en la

zona “se han detenido y ahora eso (la casa bajo construcción) se ha convertido en

hogar para perros realengos”.

“Vivienda sí me está pagando el alquiler mientras se reconstruye mi casa, pero lo que

he visto hasta el momento, es que no hay un avance. (…) Lo primero que hicieron en el

primer piso fue una estructura sin ventanas, que parecía un vagón… Ahora la situación

es que la construcción está detenida…Yo trato de llamar a la oficina de R3 y esa gente

no contesta”, argumentó Cuevas.

Al mismo tiempo, Marilú Méndez y Moisés Vega, residentes de Naguabo, explicaron

que recibieron un “voucher” de R3 para encontrar una vivienda segura. Sin embargo, el

matrimonio denunció que el proceso de conseguir hogar cerca de su pueblo y

comunidad ha sido cuesta arriba.

“Los problemas que hemos enfrentado para conseguir hogar es que casi todo el pueblo

de Naguabo está en zona inundable, y esas casas no califican dentro del programa.

Otra cosa es que el desembolso del “voucher” otorgado por Vivienda es una

herramienta lenta y poco atractiva para los vendedores de hogares”, destacó Méndez.

Méndez añadió que “actualmente, tenemos miedo de perder una oportunidad de

compra por la lentitud del Departamento de Vivienda”.

“Encontramos una casa en Naguabo que tiene los papeles al día, lista para comprarla,

pero los dueños se nos quieren arrepentir, por la espera del desembolso de Vivienda.

Ellos (los vendedores) quieren el cierre ya. Nuestro temor es perder otra vez una

oportunidad de conseguir una casa segura”, indicó Méndez.

Por otra parte, en la vista pública participó la organización sin fines de lucro Ayuda

Legal Puerto Rico, quienes han liderado esfuerzos de respuesta legal y abogacía tras

desastres a nivel local y federal por los pasados cinco años.

La directora y fundadora de Ayuda Legal, la licenciada Ariadna Godreau Aubert señaló

que es ahora “el momento de eliminar las trabas en los procesos de reconstrucción”,

mientras exigió la aprobación del Proyecto de la Cámara 22, de la autoría de los

representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La medida cameral permitiría la aprobación de una “Ley de Vivienda Justa e Igualdad

de Oportunidades de Puerto Rico”.

“Necesitamos una Ley que permita proteger a las personas solicitantes de este (R3) y

otros programas de fondos federales que discriminan por razón de ingreso. Sabemos, a

parte de nuestra representación, que las familias con vale en mano no consiguen casas

porque muchas veces los dueños o corredores de bienes raíces se niegan a

aceptarlos”, indicó Godreau Aubert.

La licenciada también anotó que otra razón por la cual los compradores no aceptan los

vales es “por la falta de diligencia probada del Departamento de la Vivienda”.

El PC 22 permitiría garantizar vivienda libre de discriminación para todos los residentes

de la Isla y salvaguardar los derechos individuales y la dignidad de las personas con

relación a la obtención de un hogar seguro. También, crearía la Autoridad de Vivienda

Justa e Igualdad de Oportunidades.

La organización legal con base en derechos humanos destacó que es necesario que el

Departamento de Vivienda sea aliado de los procesos de abogacía para “flexibilizar

criterios de elegibilidad y ejecución de los programas de reconstrucción”.

Exigieron también que se levante un inventario unificado de viviendas disponibles. “El

mismo debe incluir ubicación, información relacionada a accesibilidad, costo, contracto

del desarrollador, corredor de bienes raíces o vendedores según aplique, así como

cualquier otro elemento que sea relevante”.

Por otro lado, Maytte Texidor, en representación del Departamento de la Vivienda,

informó que el Programa R3 maneja 17, 755 solicitudes activas.

“De las 13,512 solicitudes cuya revisión de elegibilidad ha sido completada. 6,265 han

recibido adjudicaciones de reconstrucción y reparación. Otros 1,995 solicitantes han

recibido vales para reubicación. Asimismo, se han completado los trabajos de

construcción (reparación y reconstrucción) en 4,270 casos. Otros 1,053 casos se

encuentran en la etapa de diseño y permisos (pre-construcción) y 1,355 en proceso de

construcción.

Durante la actividad legislativa participaron los representantes Lisie Burgos Muñiz,

Deborah Soto Arroyo, Estrella Martínez Soto, Wanda Del Valle Correa, Mariana

Nogales Molinelli, Juan José Santiago Nieves, Héctor Ferrer Santiago, Luis Pérez Ortiz

y José Aponte Hernández. 

En la vista pública participaron también las empresas IEM Puerto Rico, Thompson,

AECOM y HORNE Puerto Rico.